Mauricio Bravo, vicedecano de la Facultad de Educación de la Universidad del Desarrollo, junto a Isaac Fierro, académico del magíster en Políticas Públicas de la Facultad de Gobierno, asistieron al Congreso para presentar ante la Comisión Investigadora de Educación de la Cámara de Diputados un informe sobre los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). 

En la exposición mostraron algunas diferencias que han visto entre los establecimientos de los SLEP y los sostenidos por las municipalidades durante este año. Por ejemplo, la asistencia promedio de los SLEP fue 78%, mientras que en los municipales alcanzó un 82%. En estos últimos, la deserción escolar fue de 2% mientras que en SLEP fue de 4%. “Lo que podemos manejar como hipótesis es que el cambio en la gestión del sostenedor no garantiza una mejora en los resultados en la sala de clases. Por tanto, un sistema educativo efectivo no requiere que todos los establecimientos educativos tengan la misma dependencia administrativa”, comentó Bravo. 

Durante su intervención, el vicedecano se refirió a las falencias generales de la implementación y gestación de la ley, como no considerar las buenas prácticas en esta política educativa, refiriéndose a aquellos sostenedores municipales que antes de la implementación de la ley estaban con buenos resultados. 

Además, los académicos mostraron un análisis que realizaron en donde dividieron a los SLEP que ya se han implementado, o se van a implementar, en grupos de baja, media y alta complejidad. Según explicaron, los de Alta Complejidad son aquellos que enfrentan los desafíos más significativos, los que requerirían estrategias de gestión y recursos educativos más intensivos para abordarlos; mientras que los de Menor Complejidad enfrentan menores desafíos en comparación con las otras categorías.  

Bravo enfatizó en la importancia de que en los casos de alta y mediana complejidad se pueda postergar su implementación mientras se revisan temas estructurales de la ley, y comentó que, considerando los requisitos para la postergación que contiene actualmente la ley, solo 45 comunas en todo el país podrían pedir este aplazamiento.  

Cabe señalar que, para sacar este dato, consideraron los cuatro requisitos de la ley: no tener deuda previsional de personal de la educación por sobre 400 UF; no tener deuda asociada al plan de transición que supere el 5% de sus ingresos anuales, entregados por subvenciones y aportes del Estado; al menos 60% en alto o medio de categorización de la Agencia de la Calidad y municipio dentro del 30% mejor a nivel nacional en crecimiento de matrícula. 

El diputado Stephan Schubert (Indep) agradeció la exposición y comentó que lo planteado rompe su paradigma. “Cuando pensamos en un sistema, hay algunos que no son parte, y lo que debiera importarnos es la calidad, más que en abrazar una idea o un programa”. En tanto, la presidenta de la comisión, la diputada Marcia Raphael (RN), enfatizó en la importancia del análisis y comentó las deficiencias del programa mencionado.